En nuestro país las comunidades de lesbianas, trans, gays, bisexuales (LTGB) y de trabajadoras sexuales (TS) están expuestas a situaciones de violencia y discriminación cotidianamente, así como al no-reconocimiento de sus derechos ciudadanos por parte de individuos, grupos o incluso el propio Estado.

La orientación sexual y la identidad de género (en las comunidades LTGB) y el ejercicio del trabajo sexual (en las TS) son los elementos que originan el estigma y la discriminación que se ejerce sobre estas poblaciones.

Es decir, la vulnerabilidad no es propia o inherente a estas comunidades sino que hay contextos sociales y culturales que permiten o incluso propician estas situaciones de riesgo, invisibilidad, orfandad y violencia.

Así tenemos que en el caso de las TS, ellas sufren el constante maltrato y acoso por parte de la Policía y el Serenazgo, quienes en vez de garantizar sus derechos los vulneran. También están expuestas a mafias de proxenetas y personas que cobran cupos para permitirles transitar en sus lugares de trabajo, llegando incluso al chantaje y la extorsión. En ocasiones sus propios clientes las agraden o las matan como consecuencia del machismo y la posición de poder que ejercen contra ellas, creyendo incluso ser dueños de sus vidas al punto de decidir quitárselas.

En el caso de las poblaciones y comunidades LTGB, la discriminación y la violencia ejercida en su contra se comete desde diversos ámbitos y actores sociales. La invisiblización y la violencia sexual contra las lesbianas, los crímenes de odio contra gays (70 al año), el no-reconocimiento a la propia identidad y al nombre en el caso de las personas trans, así como el prejuicio de la ambivalencia y la promiscuidad en el caso de quienes son bisexuales, son sólo algunas de las situaciones que se pueden mencionar.

Es por todo ello que se hace urgente y necesario un marco normativo explícito e integral que reconozca, promueva y garantice los derechos de estas poblaciones.

Exigimos al Congreso de la República la aprobación de la Ley de Reconocimiento al Trabajo Sexual, a través de la cual se puede empezar a implementar más claramente políticas laborales y de salud públicas para las TS que garanticen el respeto a los derechos consagrados constitucionalmente, como son: igualdad, no-discriminación, intimidad, salud, trabajo, Libre contratación, entre otros.

También demandamos la aprobación de la Ley de No Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, cuyo propósito es promover la igualdad de oportunidades y de trato, así como prevenir, sancionar y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra la población por su orientación sexual e identidad de género.